Una presunta red de jubilaciones fraudulentas ha salido a la luz en Cañuelas por una nota de NacPop.

La causa, que está siendo investigada por la Fiscalía del Dr. Javier Berlingieri, apunta a un entramado que habría utilizado información personal de manera ilegal para gestionar beneficios previsionales. Los cañones apuntan a que el fraude estaría perpetrado por estudio de abogados de Tristán Suárez y que afectaría a personas de localidades como Monte Grande, Turdera y hasta de provincias como Córdoba y Misiones.

La situación comenzó a desenredarse con cuatro denuncias realizadas en la comisaría local por damnificados, acompañados por la jefa de la UDAI de Cañuelas, Soledad Poso. Según lo informado, los hechos habrían ocurrido antes de la asunción de Poso, quien activó una investigación interna en el organismo y ordenó sumarios administrativos por denuncias similares previas.

Según los testimonios, un estudio de abogados en Tristán Suárez captaba clientes a través de anuncios en Facebook, prometiendo rapidez en los trámites jubilatorios. Las modalidades de las estafas variaban. En algunos casos, las personas solicitaban la gestión del trámite y pagaban al estudio las primeras tres jubilaciones, con un costo mínimo de $800.000.

En otros casos, personas que nunca habían solicitado la jubilación se encontraron ya registradas como beneficiarias sin su conocimiento ni consentimiento.

El mecanismo ilegal habría consistido en la obtención de los DNI y firmas de las víctimas, cuyos datos eran enviados a un agente de ANSES en Cañuelas, quien presuntamente gestionaba los trámites de manera fraudulenta. Este procedimiento incluiría la falsificación de firmas y documentos.

Entre los casos denunciados, se encuentra el de un vecino de Monte Grande que aseguró nunca haber estado en Cañuelas, pero cuya firma apareció en los documentos de su jubilación. Una vecina de Turdera descubrió que estaba jubilada cuando intentó solicitar un préstamo, y otra de La Matanza encontró tres depósitos de jubilaciones en un banco privado sin haber iniciado ningún trámite.

La Fiscalía ha citado a declarar a la titular de la UDAI y a un agente de ANSES como parte de la causa caratulada como "defraudación informática". Mientras tanto, el organismo previsional lleva adelante una investigación interna, ya que se sospecha que esta red podría incluir a otros empleados de mayor jerarquía.