El informe impulsado y solventado por ambientalistas y vecinos, y elaborado con el apoyo del Laboratorio de Plaguicidas del INTA Balcarce, demostró que que en el suelo y el agua de la ciudad, incluso en pleno centro urbano, como en la plaza principal se encuentran plaguicidas, insecticidas y otras sustancias agroquímicas.
En una entrevista con la FM88.1, la investigadora y becaria del Conicet, Cecilia Gargano, brindo precisiones sobre la problemática ambiental que transita la ciudad de Lobos.
"Lo que sucedió en Lobos fue que después de años donde estas prácticas se vienen intensificando, en plena pandemia, como sabemos hay un montón de actividades que se suspendieron y hay otras como las extractivas y fundamentalmente el agronegocio que se intensificaron. La Sociedad Rural y algunas otras organizaciones de la zona trataron de impulsar un proyecto de ordenanza que de alguna manera legalizara la situación que ya existe, así que prácticamente ya no hay restricciones de metros para fumigaciones aéreas y terrestres”, expresó Gargano.
"En nuestro país tenemos un modelo de producción agroindustrial intensificado desde el año 1996 de la mano de la agricultura transgénica pero que también está asociada a otro tipo de cultivo en donde uno de los datos característicos de este modelo productivo es que hay un uso intensivo de estos agrotoxicos que son las sustancias toxicas que se usan en combinación con las semillas que fueron modificadas para ser resistentes a estas sustancias. Este uso intensivo de agrotóxicos como lo denominan las comunidades, con razón, porque son tóxicos para el ambiente y para la salud humana, viene siendo un uso indiscriminado desde entonces y en realidad podríamos rastrear desde antes hasta nuestros días", explicó la especialista en historia reciente de la ciencia y la tecnología.
“Argentina no tiene ningún tipo de legislación actual en donde digamos uno dice bueno, a ver qué legislación es la que está rigiendo ahora para determinar que el agua que consumimos es potable o no, los dos instrumentos principales son el capítulo que rige en el Código Alimentario Nacional con agua potable y la Ley 24.051 que regula los residuos peligrosos, en ninguno de los dos instrumentos legales hay un listado con valores umbrales para detectar qué cantidad de plaguicidas son permitidos en el agua. De hecho, lo que hay es un listado de moléculas de sustancias que rastrean para decirse que el agua es potable o no, que tienen que ver con productos usados en el campo. Lo que vemos es que ese listado es anacrónico, o sea, tiene un montón de moléculas de plaguicidas que ya no se usan y las principales moléculas que sabemos que estamos en el campo como atrazina y glifosato o muchas otras, no están en este listado”, argumentó la investigadora en contacto con NacPop.
"La otra cuestión que me parece clave es que fueran los propios vecinos y vecinas quienes tuvieron que salir a hacer un bingo, actividades para conseguir los fondos, porque en el reino del revés esta problemática que una vez que las comunidades están afectadas, tienen que salir a demostrar que los efectos que padecen, entre los sanitarios y territoriales, son una relación causal de estas prácticas, tienen que salir a probar esto y salir a probar esto implica hacer estudios que, aunque sean en organismos estatales, hay que pagarlo", manifestó.
"En principio lo que hay que hacer es una intervención comunal y municipal e intervención política en donde hubiera digamos la celeridad de empezar a proveer agua potable sin esperar la dilatación que implican los tiempos judiciales, porque si esto ingresa en un nuevo juicio, todos sabemos que esto va a demorar sea el resultado que sea, la verdad es que la solución de fondo tiene que ver con cambiar la matriz productiva argentina, en lo inmediato hay que pensar en una agroecología y hay que intervenir en estos casos en donde hasta las plaza donde juegan los chicos fueron encontradas sustancias muy tóxicas. Lamentablemente, lo esperable es que los resultados que está arrojando Lobos son los mismos que han arrojado otras localidades con prácticas productivas y entornos ecológicos y geográficos similares, sean parecidos con lo cual parece ser la mismo que se planteaba antes, que ahora vamos a contratar una investigación en Cañuelas, en la localidad de al lado… y en la de al lado. Y entonces cada uno por ahí, en diez años o cinco logramos que haya una causa, que la verdad es que hay una protección muy grande de la población y de los territorios”, aseguró.
“Está claro que es algo que implica una agroecologica, que no es algo que pueda suceder de la noche a la mañana, también es cierto que si ese camino no empieza en algún momento, no lo vamos a construir nunca. Insisto que lo que está faltando es la voluntad política de poner en marcha nuevos circuitos de producción, de consumo de circulación. Existen estudios científicos que de hecho son los que se tomaron como antecedentes en el caso de Pergamino, que también es una localidad vecina que habla de una distancia mínima de 1.095 metros para las fumigaciones”, concluyó.
