En el marco de una supuesta necesidad de fortalecer la lucha contra el crimen organizado, el Ejecutivo nacional decretó una reforma en la Policía Federal Argentina. La creación de una unidad de inteligencia criminal y la declaración de una emergencia institucional por dos años despertaron fuertes cuestionamientos por su potencial impacto en las garantías constitucionales y el sistema republicano.

En primer lugar, con el nuevo estatuto de la PFA, se profundiza la presencia de las fuerzas en el mundo digital. Ahora, la Policía Federal está habilitada a “realizar, sin autorización judicial, prevención del delito en espacios públicos digitales: redes sociales, webs y fuentes abiertas”, según se establece en el Boletín Oficial.

De esta manera, se autoriza a la fuerza policial a realizar un patrullaje virtual por las redes sociales sin autorización previa del poder judicial para detectar posibles delitos. En el mismo texto, se especifica que “estas tareas de prevención” deberán “respetar la protección de los datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y privacidad” de los usuarios.

En el Boletín Oficial también se habilita a los oficiales a detener a una persona sin necesidad de intervención judicial cuando haya elementos suficientes que “hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo”.

El Gobierno nacional oficializó este lunes una reestructuración de alto impacto en el funcionamiento de la Policía Federal Argentina (PFA). A través del Decreto 383/2025, publicado en el Boletín Oficial, se estableció la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), un nuevo órgano especializado en delitos complejos, y se declaró la “emergencia institucional” por un período de dos años, lo que habilita contrataciones directas, cambios jerárquicos y reorganización interna sin necesidad de pasar por el Congreso.

El texto oficial justifica la medida por la “complejidad creciente de las redes criminales, la expansión del ciberdelito y el narcotráfico transnacional”, y señala que la Policía Federal requiere “herramientas modernas y cuerpos especializados que estén a la altura de las nuevas amenazas”.

La flamante unidad, el DFI, estará compuesta por personal con formación universitaria en derecho, criminología, informática, psicología y análisis estratégico. Se encargará de investigaciones complejas, trabajará con mapas del delito, usará herramientas tecnológicas avanzadas y establecerá vínculos de cooperación con organismos internacionales.

Si bien distintos sectores reconocen la necesidad de profesionalizar las fuerzas de seguridad, la decisión del Ejecutivo fue recibida con fuertes cuestionamientos desde ámbitos judiciales, legislativos y de derechos humanos.

“Esta reforma concentra funciones de inteligencia criminal en una sola fuerza y habilita una discrecionalidad preocupante. No está claro cuáles serán los límites del accionar de este nuevo cuerpo”, señalaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Organizaciones civiles como el CELS y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) también alertaron sobre los posibles abusos que podrían derivarse de la emergencia institucional, que permite al Ministerio de Seguridad eludir mecanismos de control legislativo y acelerar designaciones sin concurso.

Además, se cuestiona la comparación con el FBI estadounidense, una agencia con autonomía funcional, fuerte contralor judicial y reglas estrictas sobre el uso de tecnología de vigilancia. “Llamarlo ‘FBI argentino’ es una simplificación peligrosa. El FBI no responde al poder político de turno como podría ocurrir aquí si no hay garantías de independencia operativa”, advirtió la politóloga Mariana Suárez, especialista en seguridad y democracia.

La reforma reactiva una tensión de larga data en la política de seguridad: la necesidad de eficacia frente al delito frente al riesgo de autoritarismo. Con una creciente concentración de poder en el Ministerio de Seguridad, y sin una ley del Congreso que respalde el cambio estructural, la decisión del Gobierno plantea interrogantes sobre el equilibrio institucional.

Algunos sectores oficialistas defienden la medida. “Hay que terminar con una policía pasiva y convertirla en una fuerza investigativa al servicio de la ciudadanía”, declaró en redes sociales un legislador del oficialismo. No obstante, desde la oposición ya preparan pedidos de informes y advierten que podrían judicializar el decreto si se avanza sin mayor debate parlamentario.

La creación del DFI y la emergencia en la PFA abren una nueva etapa en la política de seguridad nacional. Mientras el Gobierno apuesta a una fuerza más técnica y eficaz, crecen las voces que exigen transparencia, control civil y límites claros. Porque en nombre del combate al crimen, el país no puede resignar las garantías propias de una república democrática.