Este jueves el Senado dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo para la reorganización de la Justicia Federal. La bancada oficialista aportó 40 votos afirmativos para avanzar con la iniciativa, que recibió varias modificaciones luego de tres semanas de debate. Juntos por el Cambio votó en contra y volvió a argumentar que el proyecto “busca la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner”, además de criticar “la oportunidad” y el “costo” de la reforma. En el cierre del debate, el presidente del bloque oficialista, José Mayans, remarcó que el proyecto apunta "al fortalecimiento de la justicia" en todo el país y remarcó que se trata de "una inversión para combatir los flagelos que destruyen los Estados".
El reconocido abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat, habló del proyecto en la Fm88.1. Lee las principales declaraciones:
-“Esta reforma es necesaria y oportuna, necesaria porque ya venía en la propuesta electoral del actual presidente, lo dijo al asumir el cargo y lo reiteró en la Apertura del periodo de Sesiones Legislativas ante el Congreso de la Nación, que no iba a haber nunca más persecuciones judiciales a los adversarios políticos, que los procesos van a tramitarse bajo las reglas y las garantías de la constitución y los tratados internacionales. A eso apunta esta reforma que amplía el número de jueces en lo penal y federal, de manera de desconcentrar el poder que hasta aquí mantenían los 12 jueces de Comodoro Py y, a la vez, amplía enormemente el número de magistrados federales, penales en el interior del país de manera de desconcentrar la tarea de los juzgados federales del interior que en general tienen todas competencia bajo su órbita. Es decir, civil y comercial federal, contencioso administrativo, tributario y penal y, alguno, además, tiene la competencia electoral”.
-“Ahora va a haber un juzgado penal exclusivamente para las causas penales con una secretaria, se incrementa por supuesto el número de integrantes del ministerio público fiscal y del ministerio público de la defensa para poder atender a esta ampliación de la administración de justicia, que aguardamos mejore primero su calidad técnica y segundo su rapidez. Pero todo esto siempre presidido por el principio de respeto a la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos, traducido en que no queremos más causas con fotocopias de cuadernos quemados, con testigos o imputados colaboradores apremiados y que dicen cualquier verdura con tal de no dormir esa noche en un calabozo y que después van a una escribanía a descargar su conciencia allí diciendo la realidad de los hechos para cuando el juicio vaya halla prueba”.
-“Todo esto que ensombreció a la Argentina y también es una práctica llamada Lawfare que a tenido sus víctimas en Ecuador, Brasil, Bolivia y en Argentina como conocemos bien, entonces esto empieza a transformar la pérdida de credibilidad del poder judicial de la nación".
-“Después viene la batalla final, porque los jueces se van a largar a plantear o a recibir y a echar curso planteos de inconstitucionalidad, aunque no tenga sustento".
-"Siempre he sostenido y orgánicamente desde el año 2013 el tema de la necesidad de una nueva constitución, porque de un lado la parte dogmática está atada a un proyecto agro exportador fiduciario, rentístico que solamente dio lugar a dos oligarquías: la agropecuaria y la financiera. El proyecto de 1853 sigue hasta la fecha, lo otro es reformar la parte orgánica, además de otros muchos temas. Pero el central sin ninguna duda es el poder judicial de la nación, que hay que hay que hacerlo un poder representativo y republicano, hoy no es lo uno ni lo otro, y el concejo de la magistratura que es un órgano político sea electo por voto popular y tenga un estamento de representación popular, porque jueces, abogado y académicos funcionan mucho mejor si hay un sector del pueblo que mira su actividad”.
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