Propietarios de al menos nueve remiserías de Cañuelas solicitaron a la secretaría de Control y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de Cañuelas que revea la rigurosidad con la que infracciona a las agencias de remises, aduciendo que por la imposibilidad de salir a trabajar en la primera parte del aislamiento y la baja demanda del servicio en la actualidad, se ven incapacitados de renovar las habilitaciones locales de los comercios y la flota de automóviles.

“Nuestros comercios no deben ser tomados como un comercio normal porque no solo pagamos impuestos y habilitación del local, sino que también a eso le debemos sumar el impuesto que se nos cobra por Ocupación de Espacio Público (línea amarilla para estacionamiento exclusivo en la puerta de las remisoras), más las habilitaciones individuales de cada uno de los vehículos, más su respectiva tasa por desinfección”, señala el escrito presentado ante el municipio y el Concejo Deliberante, que fue confeccionado por las remiserías Libertad, Acuña, Plaza, La Academia, La Primera, Centro, San Cristobal, La Estación y Sur, que no llegó a firmar por la urgencia pero que adhiere con lo esgrimido en el documento.

Los titulares de dichas remiserías destacan que la habilitación del vehículo tiene un valor exagerado de entre 11.000 y 12.000 pesos anuales, una cifra “impagable para cada uno de nosotros que volvimos a trabajar después de casi un mes sin actividad. A todo esto le tenemos que sumar que pagamos alquiler, empleados, cargas sociales, y todos los impuestos esenciales como luz, gas, teléfono, VTV y seguro de los coches”.

Los comerciantes reclaman que en los últimos días han recibido varias inspecciones municipales que derivaron en infracciones por incumplir la renovación de las habilitaciones locales y, a su vez, solicita que el Gobierno local considera una prorroga en los plazos estipulados para las rehabilitaciones, “teniendo en cuenta la situación económica que atravesamos. Los ingresos con los que contamos no son suficientes para concluir con el trámite. Evalúen nuestra situación y no nos obliguen a cerrar nuestras puertas y a dejar a muchas vecinos sin trabajo y sin servicio”, cierra la carta.

El dueño de una de las agencias señaló que “la habilitación de un local ronda los 40.000 pesos y la de un auto entre 11 mil y 12 mil pesos. El trabajo cayó un 80%. Es imposible pagar ahora”. Este jueves, además de acercar el pedido al Honorable Concejo Deliberante, el grupo mantuvo un encuentro con el titular de Ordenamiento y Control, que señaló que la Subsecretaría debe seguir llevando adelante las inspecciones de control y que elevaría la inquietud a la intendenta Fassi.