“Nosotros trabajamos con jóvenes y adultos en el centro de día, con 40 personas. Son jóvenes con discapacidades que están en situación de pobreza”, comentó la directora del Centro de Día de la fundación IPNA, ubicado en Alejandro Petión, en declaraciones a la Fm88.1.

La titular de la institución agregó que “la situación incluye a 25 trabajadores” directos e indirectos.

¿Qué ocurre? Este martes marcharon a la sede porteña del ministerio de Salud de la Nación a “exigir el pago de lo adeudado, las obras sociales tienen deudas que datan mínimo de 5 meses para adelante con todas las organizaciones vinculadas a discapacidad, centros de día, centros educativos terapéuticos, lo cual repercute en todas las dinámicas institucionales”, y agregó que: “nosotros tenemos un marco legal que es impecable, está la ley 24.901 que garantiza la gratuidad en escolaridad, transporte… pero hoy por hoy esto no se está cumpliendo”.

Correnti informó sobre “la obligación de muchas instituciones de reducir el personal por la falta de recursos, otras están viendo la posibilidad de cerrar las puertas, muchos transportistas no pueden pagar los gastos diarios que tienen”,

“Quienes están más afectados son las personas con discapacidad, el grupo vulnerable, un colectivo que viene luchando por sus derechos y nuevamente vemos como siguen vulnerando sus derechos”, criticó.

Tras el abandono financiero a las instituciones adaptadas para personas con discapacidades y la exigencia del pago de la cláusula gatillo, adeudada desde octubre del 2017, Correnti afirmó que: “hubo una convocatoria donde no solamente se convocó a las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad sino también a los transportistas, quienes son los encargados de llevar y traer de las instituciones a las personas con discapacidad, a las familias y a las mismas personas con discapacidad”.

Con respecto a los alcances de la protesta en la Ciudad de Buenos Aires, se dio a conocer que el gobierno informó que estaban dadas las condiciones para abonar lo adeudado correspondiente a la cláusula gatillo en septiembre de este año. La respuesta del gobierno no fue bien recibida por los manifestantes.

“En esta convocatoria nos juntamos varias personas porque esto afecta a un colectivo muy grande y está en riesgo el trabajo de muchas personas. Hoy poder sostener las prestaciones, está dependiendo de la buena voluntad del personal directo e indirecto o, quizás, los recursos o ahorros que puedan llegar a tener las instituciones”, cerró con preocupación.