Un grupo de 40 intendentes participó de una audiencia informativa en la Corte Suprema de Justicia para defender la facultad de cobrar tasas municipales de Seguridad e Higiene a las empresas instaladas en cada uno de los distritos.
La acción judicial fue presentada por una petrolera y si bien el fallo afectaría al municipio de Quilmes, podría sentar jurisprudencia y perjudicar a todas las comunas del país. 
Los mandatarios de municipios conducidos por diversos partidos políticos concurrieron al Palacio de Tribunales a defender el cobro de las tasas a las empresas, que representa un 35% de los ingresos totales de las comunas de la provincia de Buenos Aires.
De la audiencia participó la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, y los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.
El grupo de intendentes estuvo conformado por Gustavo Arrieta; Verónica Magario, de La Matanza; Walter Festa, de Moreno; Gabriel Katopodis, de San Martín; Alberto Descalzo, de Ituzaingó; Jorge Ferraresi, de Avellaneda; Diego Valenzuela, de Tres de Febrero; Néstor Grindetti, de Lanús; Martiniano Molina, de Quilmes; y Jorge Macri, de Vicente López, entre otros.
