Lo que ha ocurrido con el caso de Santiago Maldonado y su abordaje en los ámbitos escolares es una muestra más de la discrecionalidad del Gobierno de Mauricio Macri y el ministerio de Educación a la hora de tratar un tema o tomar medidas.

Pero esto también se traslada a Cañuelas. Esto contradice la misma campaña lanzada por sectores del oficialismo para evitar que se hable de la desaparición forzosa de Santiago Maldonado. Hace unos días, referentes locales de Cambiemos, publicaron e instaron a que los padres denuncien a los docentes que aborden el tema de los derechos humanos, generando de esta manera un gran malestar en la comunidad docente. A su vez, se jactaron de que en las escuelas no se debe “hacer política”.

Sin embargo, esa malintencionada medida no sólo ignora que la educación siempre es un hecho político sino que –además- desconoce que el abordaje de los derechos humanos está escrito en todos los diseños curriculares, y que –por sobre todas las cosas- la sociedad argentina lleva 34 años de democracia ininterrumpida.

Ahora bien, todo parece indicar que en realidad lo que buscan en perseguir a quienes se manifiestan públicamente en defensa delos derechos humanos en las aulas, porque cuando ellos lo consideran conveniente sí utilizan las aulas con fines partidarios, propagandísticos, en el marco de la campaña electoral. Algo que sí se enmarca en el “adoctrinamiento”, que ellos mismos realizan pero que cínicamente proyectan en las acciones quienes hablan de la violación de los DDHH.

Todo vale para Cambiemos. Ni siquiera toman el recaudo de enmarcar la actividad de documentación en lo que corresponde, una política de Estado. La usan partidariamente, tomando a las escuelas para convocar al público, para luego servirles café, tomar selfies y seguir con la campaña en las redes sociales, con una naturalidad pasmosa.

Eso sí, ante cualquier voz díscola, no dudan en amenazar con las denuncias, y promueven el adoctrinamiento a través de la censura.

Editorial - Nac Pop