Desde hace una semana, los vecinos se encuentran en pie de lucha contra la Cooperativa Eléctrica Antonio Carboni (CEAC), denunciando una serie de irregularidades que van desde aumentos desmedidos en las boletas hasta cortes de suministro.

El eje del conflicto radica en las facturas de luz que han llegado a los hogares con incrementos que oscilan entre el 200% y el 500%, incluso en casos donde el consumo registrado fue menor al de meses anteriores.

Según el reclamo, la cooperativa incurre en una "sobrefacturación fraudulenta" al utilizar períodos de facturación irregulares —de hasta 35 días— y el uso sistemático de lecturas estimadas.

"Nos están robando lo poco que podemos generar", expresaron los manifestantes durante una movilización frente a las oficinas de la empresa. La indignación creció al detectarse que la cooperativa realiza divisiones bimestrales improcedentes y aplica intereses por mora sin una notificación válida previa.

Más allá de los costos, los vecinos denuncian que la calidad del servicio es "sistemáticamente deficiente". Se reportan constantes bajas de tensión que afectan el funcionamiento de electrodomésticos y cortes de suministro prolongados sin previo aviso.

"Cortar el suministro en estas condiciones constituye una violación flagrante de derechos humanos básicos y un riesgo para la vida", señala el documento presentado ante los organismos de control.

Ante la falta de respuestas por parte de la cooperativa, que según los denunciantes cierra unilateralmente los reclamos sin dar solución, la comunidad ha solicitado una auditoría integral y la intervención del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la Provincia y la Municipalidad de Cañuelas y su Concejo Deliberante.

Entre las peticiones concretas de los vecinos se encuentran la suspensión de los cortes de servicio hasta que se garantice una tarifa razonable y la aplicación de sanciones legales contra la conducción de la cooperativa por "abuso de posición dominante" e incapacidad de gestión.

Mientras esperan una respuesta oficial, la tensión en la zona sigue en aumento y los vecinos no descartan nuevas medidas de fuerza para frenar lo que consideran un "abuso tarifario" insostenible para las economías familiares.