Un estudio reciente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) reveló datos preocupantes sobre el funcionamiento de las fiscalías en todo el país. Según el informe, menos del 20 % de las causas penales reciben una “respuesta de calidad”, que se define como aquellas resoluciones que tienen impacto real: una condena, un acuerdo reparatorio o una suspensión de juicio a prueba.
En la provincia de Buenos Aires, el panorama es aún más crítico. Con una tasa de eficacia del 3,54 %, el distrito más poblado del país apenas logra resolver con calidad 3 de cada 100 expedientes que ingresan al sistema penal. Esto significa que más del 96 % de los casos penales que se inician en la provincia no obtienen una respuesta considerada eficaz.
Según datos oficiales de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, en 2023 se iniciaron 1.060.542 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) en la provincia. El volumen es altísimo, pero el escaso porcentaje de resolución eficaz evidencia que el sistema no está respondiendo proporcionalmente.
El estudio además advierte sobre la falta de transparencia en las estadísticas de los organismos fiscales: muchas jurisdicciones —incluida Buenos Aires— no publican de forma completa sus indicadores de gestión, lo cual dificulta el análisis público y la rendición de cuentas.
Los analistas del INECIP señalan que ninguna provincia del país logra superar el 20 % de eficacia, lo que pone de manifiesto un problema estructural del sistema penal argentino.
En el caso bonaerense, esta situación se agrava por la combinación de una altísima carga de causas, recursos insuficientes y procesos que demoran. Para las víctimas, esto implica que la gran mayoría de denuncias no culminan en una solución efectiva, lo que contribuye a la sensación de impunidad. Para los acusados, puede significar años de incertidumbre sin un avance claro.
“Los números muestran un sistema que procesa muchos casos pero los resuelve poco”, sintetiza uno de los autores del estudio. Y añade: “Cuando el Estado no logra dar respuestas, la confianza pública en la justicia se deteriora”.
