Las declaraciones de la titular del Consejo Escolar en este portal cuando salió a la luz la suspensión del predio de la ex Pileta Santa Marta generaron bastante revuelo.

Verónica Iozzolino responsabilizó al gobierno por lo ocurrido e inmediatamente salió al cruce la comuna y, en la misma línea, el titular del CEF Nº53, Horacio Endara. Sin embargo, la máxima autoridad del consejo retomó el tema en la noche de este jueves cuando mediante un comunicado a los medios explicó su posición con respecto al tema.

En el texto, Iozzolino intentó demostrar que el municipio sabía de la inspección y de las irregularidades del lugar (el ejecutivo afirmó que nunca fue notificado de lo que ocurría). Lo mismo indicó en relación a la Jefatura de Gabinete, que según la funcionaria de educación se mostró dispuesta a colaborar por lo dicho por la Inspectora Jefe Distrital, Sandra Cardozo, que habrían comprometido a mejorar la infraestructura para que pudiera desarrollarse la Colonia de Verano. En el acta que adjunto a los medios, remarca que el 26 de diciembre “la Jefatura de Inspección Distrital acordó con Marisa Fassi realizar los arreglos necesarios para garantizar el normal funcionamiento de la sede… de no llegar a finalizarlos no se autorizará la apertura de la misma”.

Nuevamente y como viene ocurriendo con los últimos hechos, las indisimulables diferencias políticas se interponen a cada paso.

Porque las actas pueden demostrar el compromiso del municipio en colaborar con el arreglo del predio, pero también las autoridades del Consejo Escolar no hacen ni una sola vez mención a que el estado deplorable del predio (según el propio informe de los organismos provinciales) y su mantenimiento le corresponde a la Dirección General de Escuelas de la provincia (DGCyE) y, en su defecto al propio, Consejo Escolar. En consecuencia, lo ocurrido está por encima de las buenas intenciones del gobierno de turno.

Si el organismo competente que definió el gobierno de la provincia de Buenos Aires para abordar el programa Colonias de Verano es la DGCyE, y fueron los propios funcionarios de la cartera provincial, de la que también depende el Consejo Escolar local, quienes tomaron la decisión de inhabilitar el predio de la ex Pileta Santa Marta, casi que no vale ni interrogar sobre quién recae la responsabilidad institucional en torno a la colonia. Más allá de las buenas intenciones o promesas de ayuda económica, logística y humana de un gobierno local de turno.