Este miércoles por la noche el Honorable Concejo Deliberante de Cañuelas trató un proyecto de resolución que buscaba “desaprobar, rechazar y expresar el repudio del cuerpo al fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia que beneficia a los represores y genocidas de la dictadura”.

La escena en el HCD ya mostraba lo que se venía. Cada una de las bancas del FPV-PJ y FR tenían un cartel en rechazo al 2x1 mientras que los legisladores oficialistas tenían colocado un pañuelo blanco en su cuello, en clara alusión a las Madres de Plaza de Mayo y en consonancia con lo que ocurría casi paralelamente en Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires.

La norma presentada y que finalmente fue aprobada por los ediles tuvo varios párrafos muy críticos para con el gobierno nacional, el presidente Mauricio Macri y sus funcionarios por sus dichos en relación a los desaparecidos de la dictadura cívico-militar.

El proyecto remarca que “cabe destacar que con la sentencia dictada por el órgano de justicia de mayor jerarquía en nuestro país, se ignora la lucha de más de 40 años de los organismos de Derechos Humanos y de gran parte de la sociedad argentina; y premian a los militares y civiles que cometieron los delitos y vejámenes más terribles de nuestra historia, a quienes secuestraron bebés, a quienes violaron, torturaron, asesinaron y desaparecieron sistemáticamente, a quienes sembraron el terror para implantar un modelo económico de exclusión y de pobreza. El Superior Tribunal, abre la puerta a la impunidad de los genocidas Miguel Etchecolatz, Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, todos imputados por delitos de lesa humanidad, quienes también podrían solicitar los mismos beneficios y reducir sus penas. Que el mencionado fallo se sitúa en un contexto de enorme retroceso en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, causa por la que nuestro país había sido reconocido internacionalmente durante los últimos años”.

Más adelante, el texto entra de lleno en el terreno político: “es menester recordar que a dos de los tres jueces que votaron a favor del fallo, Horacio Rosankrantz y Carlos Rosatti, el Gobierno Nacional intentó nombrarlos mediante un decreto, violando los mecanismos constitucionales para efectuar tales nombramientos. Que durante el último año se sucedieron distintas declaraciones negacionistas por parte de los más altos funcionarios de gobierno, como el Ministro de Cultura y Educación de la Nación -que a través de una humorada reivindicó el genocidio de los pueblos originarios en la Patagonia argentina-; la del ex Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lóperfido, que declaró 'que el número de desaparecidos había sido acordado en una mesa de negociación por los familiares de las víctimas a cambio de subsidios'; las del propio Presidente Mauricio Macri -que manifestó no tener ni idea de cuántos habían sido los desaparecidos y nombró a la última dictadura como una “guerra sucia”; la del titular de la Aduana Gómez Centurión que directamente negó que en Argentina haya existido un plan sistemático para la desaparición de personas durante la última dictadura militar y se refirió a la cantidad de víctimas como “8000 personas muertas (que) desde el punto de vista social es espantoso, pero desde el punto de vista histórico no es lo mismo 8000 verdades que 22 mil mentiras". Que lo expuesto anteriormente indica que no es una decisión aislada, sino la manifestación fáctica de un cambio de época muy preocupante, que vuelve a sumergir al país en políticas de impunidad para aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad durante la época más oscura que haya vivido nuestro país. Que es inadmisible que en un régimen democrático se relativice el terrorismo de estado y a sus víctimas, y se vaya en contra de la voluntad de un pueblo que manifiesta hace 40 años una lucha inclaudicable por la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

“Por respeto a las víctimas no queremos banalizar este tema. Nosotros queremos expresar el malestar y el repudio para el voto mayoritario de la Corte que es aberrante. Con este falló, los jueces demostraron que están deshumanizados. Creemos que con el repudio del presidente no alcanza sino que debe preocuparse por detenerlo y además los magistrados deberían renunciar”, aseguró el presidente del HCD, Maximiliano Mazzanti.

Mientras que el legislador massista, Leonel Vásquez dijo que “nos preocupa cómo se reedita la propaganda de la ultraderecha donde intenta instalar la teoría de los dos demonios para limpiar y justificar los hechos aberrantes que se han cometido. Vamos funcionarios de alto nivel y hasta el presidente han tenido frases muy desafortunadas sobre el tema. Defendemos la independencia de poderes, pero nada nos impide poder opinar sobre los fallos y el presidente debería pedir la nulidad de la ley. Sino los dichos reflejaran que forma de ver las cosas tienen. Debemos avanzar como sociedad y no retroceder como ocurrió en esta ocasión”.

“El fallo es vergonzoso y genera un repudio generalizado. Creemos que el cuerpo debe tener una sola postura, más allá de algunas diferencias en los considerando. Es rescatable la rapidez de los diputados y senadores para sacar un proyecto para limitarlo. En esta sociedad hay un acuerdo para que ningún represor quede libre y nunca más vuelva a pasar lo que paso en el '76. Nosotros de nuestro lugar pedimos la nulidad del fallo que sería la reparación para las víctimas”, dijo "Noni" Iturmendi, quién tomó la palabra por el bloque de Cambiemos.

Mientras que el concejal del FpV, Rodrigo Ruete, decidió leer un párrafo del libro Nunca Más. "La muerte como arma política. El exterminio. En el curso de nuestra labor (CoNadep) hemos debido afrontar el tema de la muerte. La muerte a consecuencia de la tortura, del shock eléctrico, de la inmersión, de la sofocación y también la muerte masiva, colectiva o individual, premeditada, por lanzamiento al mar o fusilamiento. Es un tema que, por sus características, hiere profundamente nuestra conciencia. No es solo por la magnitud de la cifra, sino también por las circunstancias que rodean tales muertes, que afectan el soporte ético y jurídico que nos define como sociedad civilizada", y además agrego que “si la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a romper el soporte ético y jurídico que sepa que hay un pueblo que va a manifestarse para reponerlo”, cerró.