Distintas organizaciones nucleadas en la CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa visibilizaron el reclamo por una Ley de Emergencia Alimentaria y una política integral para los trabajadores de la economía social. En ese marco lanzaron distintas medidas que tendrán continuidad en diciembre.

Esto se replicó en distintos lugares y Cañuelas no fue la excepción. Las organizaciones sociales partieron desde Máximo Paz y luego de incluir en la agenda un escrache en la sede de Anses, se detuvieron en la puerta del municipio donde el diputado nacional Gustavo Arrieta recibió a los referentes de los espacios y mantuvieron un breve dialogo donde detallaron sus pedidos y reclamos tanto al gobierno nacional como gobierno provincial. Las partes dejaron abierta la posibilidad de iniciar una serie trabajos en conjunto.

Finalmente, y como eje central de la actividad de este miércoles que comenzó a media mañana y terminó pasado el mediodía, las agrupaciones se movilizaron por la Avenida Libertad hacia la plaza “Sabin Salk”, ubicada al margen de la estación del ferrocarril, donde finalizó la jornada de lucha con una olla popular. 

“Sabemos que el municipio no tiene competencia en estas cosas pero nos pusimos a disposición para ir a reclamar y exigir a los gobiernos nacionales y provinciales por todas las medidas que se están tomando. Pedimos una mesa de diálogo que esté integrada por el Frente Sindical, las organizaciones sociales y el municipio, y desde allí reclamar por una ley de emergencia alimentaria y la regulación de la economía popular. Nosotros estamos sosteniendo el hambre de la gente desde los comedores. También a nivel local ya enviamos una carta al Concejo Deliberante para que se expida sobre el tema”, explicó Marta Ferraro, referente de la Agrupación de Frente en la CTEP.

“Esta es la primera de varias jornadas que tendrán lugar en Cañuelas en el marco del plan de lucha nacional”, agregó luego de jornada de lucha que convocó a más de 200 personas.

Dirigentes sociales, políticos y referentes gremiales se sumaron a la movilización. Lo mismo ocurrió con organizaciones políticas, como el caso del Movimiento Octubres, que dieron el presente en jornada de reclamos. Se pudo ver a Alberto Mansilla y Mario Villalba del Frente Sindical, Teresa De Luca de la CTA “Perón”, Guido Peralta, Romina Vargas, integrante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otros dirigentes opositores a Cambiemos.

Los dirigentes del sector señalaron que para cubrir las demandas en los comedores son necesarios 10 mil millones anuales extra, y una política de fortalecimiento de la producción de la agricultura familiar. El proyecto de Ley de Emergencia Alimentaria fue presentado al Congreso en agosto, pero su tratamiento no tuvo avances. Las organizaciones acusan al macrismo de carecer de la voluntad de darle sanción.

Tras el anuncio de la protesta, desde la Casa Rosada hicieron saber que este diciembre no habrá bono de fin de año para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, ni para los jubilados y estatales; en definitiva, los únicos que recibirán la suma fija serán los trabajadores de la economía popular, en un gesto del Gobierno hacia las tres organizaciones sociales que mantienen una mesa de negociaciones permanente con el Ejecutivo, a través de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Cabe destacar que el plan de lucha prevé tres semanas de movilizaciones. A las protestas de hoy seguirán el miércoles próximo marchas de los productores de la Agricultura Familiar al Ministerio de Agroindustria. Después, la movilización por leyes destinadas a promover el empleo en la economía social. 

El paquete de normas reclamado incluye la sanción de un instrumento para crear trabajo en la construcción de infraestructura social y la urbanización de villas, con obras para el acceso a la electricidad, gas, agua y mejoramiento del transporte público. También presentarán una propuesta de fortalecimiento de la agricultura familiar, destinada a la creación de chacras, y la creación de una suerte de PAMI social para los sectores vulnerables e indigentes. El proyecto tiene una cuarta pata relacionada con la educación, que busca que en las escuelas de zonas de riesgo social se trabaje con dos docentes por aula -la llamada pareja pedagógica- y se sostengan estrategias de permanencia de los alumnos.