El bloque de concejales de Unión por la Patria (UXP) emitió un comunicado en donde critica -en duros términos- la Ley Ómnibus y el decreto 70/2023, medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

El escrito lleva la firma de Maximiliano Mazzanti, presidente del Concejo Deliberante y de los ediles Malena Reimer, Juan Ángel Cruz, Sandra Cardozo, Alejandro Cid Menna, Flavia Guardia, Margarita Puentes, Diana Barcia y Ayelen Carrizo.

Allí, los concejales afirman que “rechazamos la ley ómnibus y el DNU de Milei y adherimos a la jornada nacional de protesta convocada por la CGT” y sostienen que “lo hacemos en defensa del estado social de derecho, y con la firmeza de impedir cualquier tipo de acción que violente los principios de nuestra Democracia y la Constitución Nacional”.

Por otro lado, en cuanto al DNU explicaron que es “ilegítimo e impone profundas reformas de naturaleza legislativa”, mientras que en relación a la ley que se trata en el Congreso, “el gobierno nacional pretende que en tiempo récord se apruebe un proyecto de Ley de casi mil artículos, que fueron redactados e impulsados por exfuncionarios de los gobiernos de De La Rúa y Macri -como Sturzenneger, Bullrich y Caputo- con medidas que favorecen al uno por ciento más rico de la sociedad y destruyen el Estado Social de Derecho”.

En cuanto a la situación económica, destacaron que “en sólo un mes de mandato, promovieron una brutal devaluación, con subas del 82% en combustibles, y 70% en varios productos de la canasta básica, situación que en breve se agravará cuando impacten los nuevos aumentos que el gobierno autorizó en transportes, las tarifas de luz y gas, telecomunicaciones, prepagas, cuotas escolares, etc”.

Por último, los legisladores locales reflexionaron que “los que venían a terminar con la ‘casta política’ se rodearon, para gobernar, de los funcionarios de los gobiernos que resultaron más nefastos para los intereses de los argentinos y argentinas. Por todo lo expuesto, nos adherimos a los pedidos de derogación del DNU 70/2023 en su conjunto; rechazo de la megaley en su conjunto; anulación de cualquier medida que atente contra los derechos y libertades democráticas; y compensación de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos sociales mediante los mecanismos adecuados a cada sector (indexaciones, paritarias, políticas sociales)”.