Luego del anuncio del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires pidió la nulidad mediante la presentación del amparo contra las medidas del presidente Javier Milei.

“La decisión del presidente de modificar aproximadamente 300 leyes, algo expresamente prohibido por el artículo 99 de la Constitución Nacional, nos pone ante una situación institucional grave, inédita, excepcionalísima para uno de los pilares de nuestra Constitución: la forma republicana de gobierno”, manifestó el defensor Guido Lorenzino.

El enunciado reafirma la inconstitucionalidad del decreto, que además no exige medidas de prueba para comprobar la falta de adecuación del mismo con las reglas y principios fijados expresamente por la constitución.

En tanto, la Defensoría encuentra su legitimación en el artículo 55 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Entre sus responsabilidades cuenta con la garantía de los derechos individuales y colectivos de los bonaerenses, quienes se ven afectados por los temas que aborda este DNU.

En varios puntos, se subraya que el decreto es inconstitucional porque elude la participación del Congreso, porque atiende cuestiones permanentes y no transitorias y viola el orden democrático. Entre otros aspectos, también resalta que es arbitrario y unipersonal, ya que dicha orden modificó leyes en diversas materias.