La definición de “error administrativo” se ha convertido en una vulgar vía de escape de Cambiemos para explicar cada una de las medidas erróneas que toma el gobierno, tanto nacional como provincial. El despido de la agente de la Policía Local, Guadalupe Bastida, cursando la semana 18 de embarazo generó un amplio rechazo social y esto hizo que el tema llegará al Concejo Deliberante. (Ver: http://www.xn--nacpopcauelas-pkb.com/index.php/policiales/item/1123-la-provincia-despidio-a-41-policias-locales-incluida-una-embarazada).
“Hablé con ‘gente’ del ministerio de Seguridad y me dijeron que no se había tomado nota o notificado de la mejor manera que la agente Bastida se encontraba embarazada y por ello, por una cuestión humanitaria y de sentido común, se va a contemplar su situación y no va haber inconvenientes (para su reincorporación)”, informó el concejal Álvarez, del bloque de Cambiemos en la sesión del miércoles en el HCD.
Como ocurrió con la baja de pensiones por discapacidad, los tarifazos, cierre de sede del Plan Fines, por citar algunos temas, los ediles macristas justificaron la medida definiéndola como “error administrativo”, que prometieron que se resolverá a la brevedad.
En el mismo sentido, el Frente Estudiantil Cañuelas (FEC) en conjunto con la agrupación política Proyecto Nacional Cañuelas presentaron una comunicado sobre el caso de Bastida.
Las agrupaciones expresaron el repudio a la medida del Ministerio de Seguridad porque “no solo vulnera los derechos laborales de la joven, sino que además atropella su dignidad, pone en riesgo el sostén de su familia y quebrante los derechos de la niñez (de su pequeña hija y la de su bebe en camino). Tampoco podemos dejar de enmarcar este hecho en la situación que atraviesa nuestro país, donde se multiplican los despidos y cierran las oportunidades para los más jóvenes. A su vez, entendemos que este hecho es un claro caso de violencia de genero institucional ejercida por el estado”, señala un fragmento del texto.
El comunicado completo
Los rostros del ajuste
Podríamos pensar –a priori- que desde una oficina ubicada en la ciudad de La Plata, practicar el ajuste sea sólo una tarea administrativa, donde nadie tiene rostro, ni historia de vida, género, ni pasado, ni presente.
Pero nosotros vivimos en un pequeño partido de la Provincia de Buenos Aires, donde los nombres no llenan una lista, sino que se traducen en nuestros hijos, padres, alumnos, amigos, hermanos, colegas, en definitiva, personas que forman parte de nuestra vida, o de algún allegado.
No seamos ingenuos. Desde una oficina de La Plata no sólo se realiza una tarea administrativa cuando se decide echar -sin mayor explicación- a una joven que ha brindado servicio en la Policía Local de Cañuelas, quien tiene una hija pequeña y está embarazada. Como dice el filósofo Gustavo Varela, no podemos dejar de pensar que “son lo más agudo del capitalismo, su bisturí más impiadoso".
Guadalupe Bastida fue notificada de la decisión del Ministerio de Seguridad de la Provincia después de dos años de servicio. En el Expediente N° 21.100-613732/17 se plantea que “no posee el perfil psicológico adecuado para desempeñar tareas propias de la función policial para la que ingresaron”.
Desde nuestra agrupación expresamos nuestro repudio a esta decisión que no sólo vulnera los derechos laborales de la joven sino que además atropella su dignidad, pone en riesgo el sostén de su familia, y quebranta los derechos de la niñez (de su pequeña hija y del bebé que está en camino).
Tampoco podemos dejar de enmarcar este hecho en la situación que atraviesa nuestro país, donde se multiplican los despidos y se cierran las oportunidades para los jóvenes.
A su vez, entendemos que este hecho es un claro caso de violencia de género institucional ejercida por el Estado. Y no es casual que esto suceda mientras se multiplican los casos de violencia de género a través de todas sus modalidades, ante una total ausencia de políticas de género por parte del Estado.
