La situación es alarmante. Seis familias de la comunidad diaguita, pueblo originario del Noroeste argentino, sufrieron la represión policial y fueron desalojadas de sus propias tierras. La decisión se basó en una medida del Gobierno Nacional que desampara a los parajes ancestrales y a toda su comunidad. Carolina Guerrero, periodista de Salta, dialogó con NacPop sobre dicha situación.
“No se habla de un conflicto vecinal, estamos frente a un caso que expone con crudeza como se vulneran los derechos de pueblos originarios. El viernes 12 de julio, en el paraje Las Pailas -municipio de Cachi-, seis familias de la comunidad diaguita fueron desalojadas. En el procedimiento se destruyeron corrales, viviendas, cultivos y medios de subsistencia, dejando a familias enteras (niñas y personas con discapacidad) al costado de la ruta”, inició Guerrero.
“Para entender el conflicto hay que remontarse al 2010 cuando se inicio el expediente contra un comunero. Era un sistema feudal, donde terratenientes cobraban un canon a comunidades indígenas que habitaban ancestralmente. Se les cobraba por trabajar dentro del propio territorio”, explicó.
Y aseguró que “el INADI ya había autorizado la habilitación para la ocupación y hay estudios que habilitan la ocupación de los pueblos”.
“La familia Wayar, de influencia política, expresó su solidaridad con la comunidad diaguita por la forma en la que se ejecutó el operativo que avanzó sobre 44 hectáreas y afectó a familias que ni figuraban en la causa”, comentó la periodista.
Y en el diálogo, puntualizó sobre el eje del conflicto: “Durante años las comunidades estuvieron protegidas por la ley territorial indígena, esa norma suspendía desalojos. Esta causa fue iniciada en 2010, fue suspendida, pero por el cambio de política del Gobierno de Javier Milei, esto se reactivó”.
Reconoció que “existe el temor que se reactiven causas antiguas con esta lógica, pese a que la Constitución Nacional, en el artículo 75, reconoce la preexistencia de los pueblos originarios argentinas”.
Para explicar el contexto actual de este desalojo violento e inconstitucional, finalizó: “En este momento la defensa de la comunidad presentó el Habeas Corpus, pero el problema es que se rechaza todo, apoyándose en la modificación de Milei. Todavía no hay respuestas por parte del Gobierno de Salta, que está a cargo de Gustavo Sáenz”.
