Cristian Naranjo trabajó cuatro años y medio en la planta agrícola de Supremo, ubicada en calle Pellegrini. Según cuenta, en enero de este año fue despedido cuando estaba esperando el resultado de un test de coronavirus, que finalmente dio negativo. Pero ausentarse preventivamente "fue considerado como una falta para la encargada", que decidió desemplearlo.
Quince días después Cristian se presentó en las oficinas administrativas ubicadas en el barrio Libertad para exigir un motivo justificado del despido, pero debió retirarse sin respuestas, con una liquidación de 9.000 pesos y sin indemnización, relató el denunciante en contacto con NacPop.
“Voy a seguir hasta las últimas para que me paguen lo que me corresponde!! Para que cambie el mal trato que se sufre en esa empresa. Para que dejen de explotar al personal. Para que cambie la higiene y las condiciones laborales”, expresó Cristian en su Facebook.
"Los pollos podridos los lavan con cloro".
Naranjo también expuso el incumplimiento de las condiciones de higiene y seguridad sanitaria, remarcando que “hay pollos el en piso. Las bateas están llenas de pollos con olor esperando ser lavados con cloro para venderlos. Pasan horas en las bateas, colgados o sumergidos en el piso, en agua estancada y después te los hacen limpiar con cloro para sacarle el olor a podrido”, confesó el ex empleado, advirtiendo una maniobra empresarial extremadamente peligrosa para la salud de los consumidores del producto.
Además arremetió contra Marcela Bustos, apoderada de la compañía de Carlos Felipe Fernández. “Usted maltrata a los empleados, no agarra ningún certificado de ningún médico. Hace trabajar a la gente con problemas de salud porque sino usted amenaza con echarlos”. Naranjo contrató una abogada y demandará a la empresa por despido sin causa y exigirá una remuneración económica.
Los pollos, sin envoltorio, colocados en el piso.
Cabe recordar en mayo de 2019 la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas del Ministerio de Seguridad de la provincia clausuró la planta de Pellegrini al constatar que los efluentes vertidos en los cauces del arroyo Cañuelas contaminaban el medio ambiente.
Unos meses después, en diciembre de 2019 la Policía Federal allanó dos granjas de Supremo. Dichos procedimientos fueron originados por una causa en la que se detuvo a Fernández, su hija y a otras cuatro personas acusadas de engañar, trasladar y explotar al menos a 31 trabajadores en situación de vulnerabilidad en la compañía avícola, donde en octubre de ese año una mujer de 31 años murió de hantavirus.
En septiembre de 2020, los trabajadores denunciaron en NacPop que los protocolos de Covid eran pésimos, que había tres casos confirmados y que temían por un contagio masivo dentro de la planta, por lo que el municipio debió realizar una inspección para examinar las medidas preventivas dentro de la empresa.
