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La UTEP y la CTA provincia también se pronunciaron sobre las usurpaciones

Publicado el Lunes, 07 Septiembre 2020 12:04
Imagen ilustrativa. Imagen ilustrativa.

El comunicado de la Unión de Trabajadores de Economía Popular fue acompañado por 35 organizaciones sociales. Desde la Central de Trabajadores Argentinos aseguraron que "el déficit habitacional es una deuda pendiente de hace años".

Una serie de hechos vinculados a usurpaciones en todo el país, ha puesto el tema en la agenda pública y los distintos sectores políticos van sentando su posición en torno al tema. La Unión de Trabajadores de Economía Popular emitió un comunicado titulado “La falta de vivienda no se resuelve con balas”. El texto es acompañado por 35 organizaciones sociales entre las que se encuentran el MOVIMIENTO EVITA, MTE, CCC, BARRIOS DE PIE, MOVIMIENTO POPULAR LA DIGNIDAD, FRENTE POPULAR DARIO SANTILLAN, FRENTE 22 DE AGOSTO, PERONISMO 26 DE JULIO y la AGRUPACION EVITA.

“Desde la UTEP repudiamos todas las declaraciones que pretenden convertir un gravísimo problema social como es el déficit habitacional producto de la desidia que padecen millones de compatriotas, en un problema policial que se resuelve con represión. Las acusaciones insólitas del ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, contra los referentes sociales Emilio Pérsico y Fernando ´Chino´ Navarro son intolerables. Las organizaciones que integramos la UTEP venimos planteando hace muchos años la necesidad de combatir la crisis habitacional con políticas de integración y acceso a la vivienda. La represión y la inacción no pueden ser la respuesta. Es imprescindible que se avance con las políticas públicas de integración urbana, y lotes con servicios de manera urgente", afirmaron.

Por otro lado, la CTA de la provincia de Buenos Aires también sentó posición sobre la situación. Con un documento titulado "Más derechos más democracia" hizo un recorrido de los últimos años para luego detenerse en la coyuntura actual.

El comunicado completo:

"Necesitamos restablecer en la Provincia de Buenos Aires las Políticas Públicas necesarias para recuperar el bienestar de las y los Bonaerenses, que luego de 4 años de políticas de ajuste neoliberal se encuentra en una crisis socioeconómica de gran magnitud.

Necesitamos restablecer, mejorar y fortalecer las políticas públicas que se habían empezado a desarrollar para salir de la situación de infierno que dejaron los gobiernos neoliberales que provocaron la crisis del 2001. Pero ante la pérdida electoral del campo nacional y popular, a partir de diciembre de 2015 sufrimos el desmantelamiento de dichos programas, planes, y la llegada del Estado.

Las consecuencias agravaron la desocupación, los ajustes provocaron devastación en la salud, la educación, cierre de empresas, desalojos, endeudamiento eterno y miseria durante los últimos cuatro años. El triunfo electoral de Alberto Fernández y Cristina F. de Kirchner a nivel Nacional y de Axel Kicillof y Verónica Magario en la Provincia de Buenos Aires, son producto de la voluntad popular de terminar con las propuestas neoliberales, que tanto daño han generado. El Estado presente, y que genere respuestas, necesita de recursos para poder lograr sus propósitos.

Por eso saludamos las nuevas negociaciones con los bonistas, y la renegociación de la deuda que permite incorporar recursos para saldar deudas sociales. En medio de una pandemia que exige al gobierno nacional y provincial invertir sus pocos recursos en salud; participa activamente el conjunto de la comunidad bonaerense en la recuperación de derechos: trabajadores formales e informales, pequeños y medianos empresarios, productores rurales, las cooperativas de trabajo. 

El déficit habitacional es una deuda pendiente de hace años, los trabajadores y trabajadoras que no tienen espacio para vivir dignamente buscan donde asentar su familia, por desalojos, porque no pueden pagar el alquiler informal, o por que viven en forma precaria, sumando generaciones nuevas al hacinamiento y en muchos casos padeciendo también violencia de género, y familiar.

Este derecho humano a tener una vivienda necesita para garantizarse una fuerte presencia del Estado, y una cada vez más afianzada articulación entre las políticas nacionales, provinciales y municipales, y por sobre todo una articulación con las organizaciones sociales y sindicales vinculadas a la temática, acompañados de un fuerte financiamiento. Por ello apoyamos la Ley de Aporte Solidario de Grandes Fortunas (que tiene como uno de los objetivos financiar una política habitacional); los programas de viviendas; la generación de suelo urbano; Bancos de Tierra para lotes sociales; la aplicación de los programas de fondos rotativos, lotes con servicio y avanzar en la Regulación Dominial.

Y la plena vigencia de la Ley de Acceso Justo al Hábitat (Ley 14449) y la existencia y funcionamiento de los Consejos Locales de Hábitat en todos los Municipios. Reconocemos y repudiamos las acciones desestabilizadoras alentadas por el poder mediático, y accionadas por oportunistas inmobiliarios informales y otros sectores variopintos que se montan en la necesidad real de los vecinos y vecinas que resultan estafados y engañados con falsas promesas. Estamos convencidos que sobre estos sectores debe actuar la Justicia para erradicar mafias especuladoras. Sólo los ámbitos de diálogo, debate y planificación de resolución de los conflictos, entre Estado Municipal, Provincial y Nacional con la ciudadanía, con las organizaciones o entidades que los representen encontraremos el mejor camino hacia la garantía del derecho a una vivienda digna y confortable, fortaleciendo la Participación, y la Democracia".

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