A fines de la semana pasada, con firma de puño y letra de un buen grupo de mujeres que participan activamente en frentes feministas, llegó un proyecto al Honorable Concejo Deliberante que tiene como objetivo que los legisladores locales den su visión con respecto a la ley de despenalización del aborto que ya tiene media sanción.

El envío ya esta en manos de todos los bloques y se aguarda con expectativa que pasos seguirán antes de su tratamiento en el palacio legislativo local. Según pudo averiguar este medio, las posturas en los tres bloques son homogéneas y no hay uniformidad de criterios entre las partes.

El proyecto lleva la firma de mujeres que forman parte del MNA, Proyecto Nacional, Patria Justa, MTL, PC, La Cámpora, FETRAES y Movimiento Oktubres.

El proyecto completo:

Adhesión del Concejo Deliberante al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se aprobó en diputados.
MNA, Proyecto Nacional, Patria Justa, MTL, PC, La Campora, FETRAES, Movimiento Oktubres.
Cañuelas, 18 de junio de 2018
Al Presidente del
Honorable Concejo Deliberante
Dr. Maximiliano Mazzanti
Considerando,
Que desde 1921, el artículo 86 del Código Penal de la Nación establece excepciones a la punibilidad del aborto: a) en caso de peligro para la vida de la mujer; b) en caso de peligro para la salud de la mujer; c) en caso de violación;
Que el 13 de marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una sentencia histórica para la vida y la salud de las mujeres en el marco del caso “F., A.L. s/ medida autosatisfactiva”, con el fin de terminar con la práctica de judicializar, entorpecer y/o demorar el derecho al acceso al aborto no punible, el Tribunal estableció el alcance de los permisos y reafirmó el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos en todas las circunstancias permitidas por la ley, cuando su vida o su salud están en peligro o cuando el embarazo es producto de una violación sexual, sin importar la capacidad intelectual o psico-social de la mujer.
Que, en el mes de junio de 2015, el Ministerio de Salud de Nación publicó en su página web un nuevo “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo”. El protocolo revisa y actualiza la información médica, bioética y legal contenida en la Guía Técnica del 2010. Si bien el nuevo Protocolo establece que “es de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino y debe ser puesto en práctica por todas las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas”, aunque el documento carece de estatus de resolución ministerial, al igual que las versiones de 2007 y 2010, y no ha sido acompañada por una estrategia firme que promueva su amplia difusión y aplicación por parte de las autoridades federales. La provincia de Buenos Aires cuenta con un protocolo más restrictivo que el Protocolo ILE que redactó el Ministerio de Salud de la Nación;
Que pese a su marco legal, la realidad en Argentina se acerca mucho a la de los contextos legales en que el aborto está totalmente prohibido, porque la práctica del aborto legal ha sido sistemáticamente inaccesible para miles de mujeres, adolescentes y niñas que habitan la Argentina, violando sus derechos humanos a la privacidad, salud, de ser libre de trato cruel, inhumano y degradante y de no ser sujeta a discriminación, y en algunos casos, hasta el derecho a la vida;
Que en Argentina se practican entre 460.000 y 600.000 abortos clandestinos cada año. En los hospitales públicos de todo el país se registran 53.000 internaciones por abortos al año. Del total, alrededor del 15% corresponden a adolescentes y niñas menores de 20 años, y alrededor del 50% a mujeres de entre 20 y 29 años. La provincia de Buenos Aires es la provincia que tiene la mayor cantidad de egresos hospitalarios por complicaciones por aborto en el sistema público de salud de todo el país, según cifras de la DEIS, ascendiendo ese indicador a 15.000 egresos hospitalarios para el último año en el que se publicó ese dato, 2014;
Que son muchos y diversos los obstáculos que enfrentan mujeres y niñas para ejercer sus derechos: el uso abusivo de la objeción de conciencia de los efectores de salud; la excesiva judicialización de una práctica sanitaria para dilatar y obstaculizar los abortos; los requerimientos dilatorios previstos en protocolos dictados en cumplimiento de la exhortación de la CSJN, pero que no cumplen con los estándares de la Corte; los sistemas de salud discriminatorios que repelen a mujeres y niñas a través de comentarios reprobatorios del personal hospitalario, la mala fe de los proveedores de salud y funcionarios públicos; la violación de la garantía del secreto profesional; el hostigamiento y persecución a mujeres y niñas; la influencia de la iglesia sobre los gobiernos nacional y locales; la falta de reconocimiento normativo expreso de las prestaciones sanitarias que demandan los casos de ANP como prácticas esenciales del servicio de salud. Todas estas son estrategias dilatorias que operan en contra del derecho al aborto legal y someten a las mujeres y niñas a situaciones de violencia institucional.
Que la penalización del aborto impacta negativamente en el acceso a los abortos legales y repele a las mujeres de los servicios de atención de salud.
Que las muertes maternas por causas obstétricas indirectas representan un cuarto de las MM. Esto sugiere, entre otras cosas, que posiblemente muchas mujeres no accedieron a la información, a la oportunidad o a la decisión de interrumpir su embarazo basados en la causal salud;
Que además, la Argentina ha reconocido que “la mortalidad materna es frecuentemente subestimada debido a deficiencias en la certificación médica de la causa de muerte en el Informe Estadístico de Defunción”, por lo que incluso sus cifras oficiales no representan el total de mujeres y niñas que han perdido la vida.
Que el aborto inseguro y clandestino, es una cuestión de derechos humanos de las mujeres, y una cuestión de justicia social: la que tiene recursos para pagar un aborto en condiciones sanitarias óptimas no pone en riesgo su salud y su vida, en cambio la que no los tiene, puede llegar a la muerte en un aborto clandestino;
Que el movimiento de mujeres en nuestro país ha dado una batalla cultural por décadas para instalar este tema y concientizar sobre la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto;
Que el proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y gratuito, alianza federal de más de 600 organizaciones en todo el país, ha sido presentado desde el año 2007 llegando este año al récord histórico de firmas de diputados y diputadas nacionales de todos los bloques parlamentarios para ser tratado;
Que, en uno de los marcos de movilización popular más imponente de los últimos tiempos, un millón de personas se movilizaron al congreso reclamando su aprobación, colegios tomados, y expresiones a favor desde diversos espacios sociales, culturales y políticos del país, en ese contexto ha obtenido la media sanción el jueves 14 de junio próximo pasado, luego de más de 20 hs de sesión
Por todo lo expuesto y en función de las facultades del Honorable Consejo Deliberante de Cañuelas, se sanciona lo siguiente
Comuníquese la adhesión del Honorable Consejo Deliberante de Cañuelas al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, con el número de expediente 0230-D-2018