Los establecimientos fueron allanados por personal del área de Trata de Personas de la PFA y la Justicia imputó a sus dueños, cuatro varones y una mujer, por trata y explotación laboral. La orden del procedimiento estuvo a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora, a cargo del interino Ernesto Kreplak, según se informó en un comunicado.

El allanamiento se efectuó tras realizar una investigación de un mes y medio sobre esos tres campos de cultivos de verduras donde se confirmó que al menos siete personas “eran explotadas y se les exigía una excesiva cantidad de horas laborales diarias, las cuales llegaban a casi 14 horas, de lunes a sábado, con un pago mensual abusivo, que no llegaba a los 70.000 pesos, debiendo pedir permiso para poder salir los días domingos”, informó un comunicado de la Policía Federal Argentina, que por cuestiones procesales no emitió ni la localización de los campos ni la identidad de los cinco imputados.

Al no poseer medios de locomoción y por la distancia entre el campo y la zona poblada, las personas “vivían todo el día en su lugar de trabajo”. Con ayuda de drones, los agentes verificaron que en los predios había “casillas precarias donde vivían los empleados, con piso de tierra, sin energía eléctrica o bien con un solo foco para todo el lugar, sin agua potable, dado que concurrían a una canilla común que salía de un pozo a varios metros de allí”.

 “Con respecto a la cocina, solo había un brasero fabricado en forma casera, en el patio de las viviendas, donde calentaban en una olla la comida, y no contaban tampoco con heladera para preservar los alimentos, y un pozo como baño”, detalló el documento. A su vez, se comprobó la entrada y salida de los campos a través de camionetas de alta gama que pertenecían a los propietarios de los lugares. Algunas de las víctimas llevaban varios años trabajando en esos campos. Varias personas eran casi analfabetas o no comprendían las preguntas de las profesionales, “por lo que se denotaba la total sumisión hacia sus tratantes y una extrema vulnerabilidad”.

Estas personas “no quisieron acogerse a los beneficios de un programa que se les ofreció, dado que hace años que se dedican a esa labor y no poseen familiares o se encuentran distanciados en las provincias originarias hace una veintena de años”.

El juzgado dispuso que los imputados fueran trasladados a la sede del departamento Trata de Personas en la ciudad de Buenos Aires, para ser notificados de la causa, constatar su identificación y otras medidas procesales, además de prohibirles la salida del país.